Por Miguel Ceara-Hatton
La política de endeudamiento público sigue una tendencia en extremo preocupante que obligará a un severo ajuste en detrimento de la calidad de vida y del aparato productivo nacional.
La deuda pública consolidada, es decir, la deuda del Banco Central y del Gobierno Central como porcentaje del PIB sobrepasará el 52% en 2017 y los intereses por esa deuda sobrepasarán el 5% del PIB.
Según el Presupuesto de 2017, el 23% de los ingresos tributarios se paga en intereses de la deuda del Gobierno y lo peor es que una parte de esos intereses se pagan con nuevas deudas.
Si comparamos la situación actual con los tres episodios de deuda recientes más importantes, los indicadores de la deuda muestran un peor desempeño (Cuadro 1).
En efecto, en agosto de 1982 se desata en América Latina la crisis de la deuda que dio lugar a la “década perdida” y que en la República Dominicana coincidió también con el cambio de modelo económico de las exportaciones azucareras hacia los servicios, creando simultáneamente una crisis de liquidez y solvencia en dólares. La respuesta fue un severo ajuste interno, bajo el liderazgo del FMI que produjo una crisis social.
Los indicadores de la deuda publica muestran que esta representaba el 33% del PIB y los intereses que se pagaban eran el 12.4% de los ingresos tributarios y nunca sobrepasaron el 1% del PIB.
Durante la crisis del noventa, la más profunda registradas en las estadísticas dominicanas (el PIB cae en -5%), la deuda se colocó en un 84% del PIB pero el pago de intereses no sobrepasó el 12% de los ingresos tributarios.
En la crisis financiera 2003-2004 causada por el fraude bancario generó un costo del 20% del PIB, colocó la deuda pública en el 47% del PIB, pero los intereses de la deuda del Gobierno Central llegaron a un tope de 13% y los intereses de la deuda consolidada (incluyendo al Banco Central) llegó al 4.8% del PIB.
En el año 2017, con una deuda que sobrepasará la mitad del PIB, destinando casi la cuarta parte de los ingresos tributarios a pagar intereses y con unos intereses de todo el sector público (Gobierno Central y Banco Central) que es 1.27 veces el gasto público en educación, el país está en una trayectoria de colisión que provocará un severo ajuste de mercado (Gráfico 1). El cual tendrá un enorme costo social y en el aparato productivo del país, igual o peor a los ya experimentado.
Lo curioso es que esa deuda no ha sido causada por la crisis que acompaña a un cambio de modelo (mediados de los ochentas) ni por una crisis como la de Balaguer, que intentó revertir la economía de servicios lo cual provocó escasez, devaluación e inflación; ni una crisis provocada por un fraude bancario equivalente al 20% del PIB que puso en riesgo todo el sistema financiero.
En la situación actual, los únicos hechos relevantes han sido los extraordinarios casos de corrupción e impunidad que han determinado un uso dudoso de esa deuda. Me refiero al pago de sobornos, sobreprecios de obras, financiamiento de campañas electorales y reformas constitucionales, financiamiento de gastos corrientes como subsidios e intereses, mala calidad del gasto público y desviación de fondos, entre otros.
Todavía estamos a tiempo de desviar la trayectoria de colisión. Para ello el Gobierno debe iniciar una revisión de la calidad del gasto (donde cada peso cuenta):
- Terminar con la impunidad y enfrentar la corrupción,
- Recuperar lo robado,
- Contribuir a crear un sistema de arbitraje creíble (las Altas Cortes), y
- Fortalecer la institucionalidad.
Solo así podrá alcanzar la legitimidad necesaria para hacer un pacto fiscal que provea los recursos que necesita el desarrollo.
